ıllı Internet y Tecnologías de la Información (2018)

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[Enciclopedia Online Gratuita] Diccionario de Internet y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):

ıllı Derecho de acceso a Internet : que es, definición y significado, descargar videos y fotos.

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Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se rehabilitaron y sumaron distintas disposiciones de la Constitución Política de los E.U. Mexicanos en materia de telecomunicaciones.


En la exposición de motivos de la iniciativa pertinente, misma que fue publicada en el número tres mil setecientos veintiseis-II de la Revista Parlamentaria el doce de marzo del mismo año, respecto del Derecho de acceso a las tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo el de banda ancha, se señala:


"La Organización de la Naciones Unidas ha expresado en diferentes documentos la relevancia de las tecnologías de la información para nuestra sociedad y la relevancia de asegurar que todas y cada una de las personas tengan acceso a exactamente las mismas. Bajo esta concepción, las tecnologías de la información no solo representan las puertas de acceso al conocimiento, la educación, las ideas, la información o bien la diversión, sino asimismo son el punto de inicio para la generación del desarrollo económico y social.


La Declaración de Principios de la Cima Mundial sobre la sociedad de la información, festejada en Ginebra en dos mil tres, establece como un reto para las naciones aprovechar el potencial de las tecnologías de la información para fomentar los objetivos de desarrollo, particularmente, suprimir la pobreza extrema y el apetito, conseguir la educación primaria universal, fomentar la equidad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres, reducir la mortandad infantil, prosperar la salud materna, combatir el SIDA y otras enfermedades, asegurar un medioambiente sostenible y por norma general, asegurar la colaboración entre las naciones. El documento asimismo expresa la relevancia de estas tecnologías para producir desarrollo económico y prosperar la calidad de vida de todos.


Bajo esa perspectiva, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidades adoptó la resolución A/HRC/20/L.13 del veintinueve de junio de dos mil doce sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en la red. La relevancia de este documento se encuentra en que reconoce en lenguaje de derechos humanos una serie de derechos de acceso y empleo del internet para todas y cada una de las personas. De manera adicional, se exhorta a los Estados a fin de que fomenten y faciliten el conexión a internet y la colaboración internacional dirigida al desarrollo de los medios y los servicios de información y comunicación en todos y cada uno de los países.



Existen diferentes precedentes internacionales que reconocen el derecho al acceso a las tecnologías de la información y a la banda ancha, así sea a nivel constitucional, como es el caso de Grecia; establecido en leyes generales, como en Finlandia, Perú, España, y Estonia, o bien por jurisprudencia, como ocurre en Francia y C. Rica, por refererir ciertos ejemplos.


Por su parte, en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y también Internet (OEA) del 1 de junio de dos mil once se estableció que los Estados “tienen la obligación de fomentar el acceso universal a Internet para asegurar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet asimismo es preciso para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de asamblea y asociación, y el derecho a elecciones libres”.


De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la función social que supone el acceso efectivo a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Pág. novecientos ochenta y seis). Conforme con nuestro Máximo Tribunal, la función social de tales servicios radica en su reconocimiento como instrumentos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos esenciales. En esta medida, el acceso efectivo a las tecnologías de la información y a la banda ancha, se reconoce como una pieza clave en el desarrollo de una política de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, imprescindible para la construcción en este país de una sociedad de derechos y libertades, como lo prevé el parágrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución.


De esta forma, la universalidad en el acceso a la banda ancha y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones dejará que de forma pública, abierta y no discriminatoria todas y cada una de las personas tengan acceso a la sociedad de la información y el conocimiento en igual forma y medida, con una visión inclusiva, contribuyendo con esto al fortalecimiento de una sociedad de derechos y libertades basada en la igualdad.


Bajo ese contexto y tomando en cuenta las precedentes consideraciones, resulta preciso que nuestra Constitución contenga reglas que de manera expresa garanticen el acceso a las tecnologías de la información, como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo la banda ancha; para tal efecto, se plantea la adición de un tercer parágrafo al artículo 6o. y se precisa que el Estado establecerá condiciones de competencia eficaz en la prestación de tales servicios.


Con esta reforma, aparte de poner al país a la cabeza en perspectiva equiparada, el acceso masivo a la banda ancha y a las tecnologías de la información se configura como una prioridad en la agenda nacional y como un principio rector en la actuación del Estado, con miras a la plena inserción del país en la sociedad de la información y el conocimiento, con las coherentes repercusiones positivas en el desarrollo nacional que ello tendrá que producir."


El tercer parágrafo del artículo 6o de la Carta Magna dispone: "El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo el de banda ancha y también internet. Para semejantes efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia eficaz en la prestación de tales servicios."


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